El coste legal de no actuar – el riesgo que corre tu empresa si ignora la neurodiversidad

El coste legal de no actuar – el riesgo que corre tu empresa si ignora la neurodiversidad

El riesgo legal neurodiversidad empresas es hoy una cuestión de cumplimiento normativo, no una cuestión de buenas intenciones. Desde el 1 de mayo de 2025, la Ley 2/2025 obliga al empresario a analizar y aplicar ajustes razonables, o a valorar la reubicación del puesto, antes de extinguir el contrato de un trabajador por incapacidad permanente. Ignorar este deber puede traducirse en despidos declarados nulos, sanciones y un daño reputacional difícil de revertir. A continuación se explica qué exige la norma, qué precedente la respalda y qué pasos debe dar una organización para reducir su exposición.

Qué cambia con la Ley 2/2025 en el Estatuto de los Trabajadores

La Ley 2/2025 modifica el artículo 48.2 y el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social. Su novedad principal es que introduce, por primera vez en el ordenamiento español, un paso previo obligatorio antes de la extinción del contrato por incapacidad permanente: el empresario debe examinar si existen ajustes razonables que permitan mantener a la persona en su puesto, o si cabe una reubicación. Según la propia norma, este análisis forma parte del procedimiento y no es una recomendación facultativa.

En la práctica, esto significa que la decisión de extinguir ya no puede tomarse de forma automática al recibir la resolución de incapacidad. La empresa debe documentar qué ha valorado, qué alternativas ha estudiado y por qué las ha descartado. La ausencia de esa documentación es, en sí misma, un elemento de riesgo, porque traslada a la organización la carga de demostrar que cumplió el procedimiento. Por eso el análisis previo debe quedar registrado de forma verificable desde el primer momento.

Extinguir sin antes valorar ajustes ya no es una opción administrativa: es un riesgo jurídico.

El precedente del TJUE: la sentencia C-631/22 y el caso Ca Na Negreta

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, asunto C-631/22 (Ca Na Negreta SA), es el antecedente directo que la Ley 2/2025 traspuso al derecho español. El tribunal estableció que la extinción automática del contrato de un trabajador por incapacidad permanente, sin haber valorado antes la posibilidad de ajustes razonables, constituye discriminación por motivo de discapacidad. La conclusión no deja margen interpretativo: la omisión del análisis de ajustes es, por sí misma, discriminatoria.

Este precedente tiene una consecuencia importante para las empresas españolas. Aunque la norma nacional entró en vigor en 2025, el criterio del TJUE ya estaba vigente como interpretación del derecho de la Unión, de modo que una organización no puede alegar desconocimiento del estándar. Los tribunales pueden aplicar directamente esa doctrina a despidos anteriores a la entrada en vigor de la ley, y la defensa basada en que «la norma aún no existía» pierde fuerza cuando el criterio europeo ya había fijado la obligación de fondo.

Tipos de ajuste razonable y cómo se identifican

Un ajuste razonable es una modificación o adaptación del puesto, de las herramientas o de la organización del trabajo que permite a la persona desempeñar sus funciones esenciales sin que suponga una carga excesiva para la empresa. Su alcance es amplio y depende del caso concreto. Entre los más habituales se encuentran la adaptación del horario y de los ritmos de trabajo, la modificación del espacio físico o de las condiciones sensoriales del entorno, la provisión de software o herramientas de apoyo, y la redistribución de tareas marginales que no forman parte del núcleo del puesto.

La clave para identificarlos no está en listar soluciones genéricas, sino en partir de las limitaciones funcionales concretas de la persona y de las tareas esenciales del puesto. Un procedimiento sólido suele seguir este orden: describir el puesto y sus funciones esenciales, delimitar la limitación funcional sin entrar en diagnósticos innecesarios, generar al menos varias alternativas de ajuste, evaluar su coste y viabilidad, y documentar la decisión final. Este enfoque convierte un trámite potencialmente conflictivo en un proceso auditable.

La reubicación como alternativa al despido

Cuando no es posible mantener a la persona en su puesto mediante ajustes, la Ley 2/2025 exige valorar la reubicación, es decir, la asignación de otro puesto compatible con sus capacidades dentro de la misma organización. Esta valoración no puede reducirse a un trámite formal: la empresa debe identificar vacantes o funciones alternativas, revisar si existe formación razonable que facilite la transición y comprobar la compatibilidad real de las nuevas tareas con la limitación de la persona.

Un error frecuente consiste en proponer una reubicación nominal, en un puesto que no es realmente viable o que supone un deterioro encubierto de condiciones. Los tribunales suelen examinar la sustancia de la propuesta, no su forma. Por ello, la reubicación debe ser una oferta real, documentada y proporcionada, que el trabajador pueda valorar con garantías. Si la empresa ofrece una alternativa que no cumple estos criterios, el análisis previo queda cuestionado y el riesgo de nulidad vuelve a aparecer.

Riesgos habituales que las empresas subestiman

Entre las objeciones más frecuentes figura la idea de que el coste de los ajustes es siempre excesivo. Sin embargo, la norma y la jurisprudencia parten de un concepto de carga excesiva que debe valorarse de forma objetiva, teniendo en cuenta el tamaño y los recursos de la organización, y no como una excusa general. Muchos ajustes tienen un coste bajo o nulo, y la empresa que no los analiza no puede después justificar su omisión con una afirmación genérica sobre el coste.

Otro riesgo habitual es tratar el procedimiento como un asunto exclusivamente del departamento jurídico. El análisis de ajustes requiere la participación de recursos humanos, de la dirección del área afectada y, en su caso, de prevención de riesgos laborales. La falta de coordinación entre estos agentes genera expedientes incompletos, y un expediente incompleto es, en un procedimiento judicial, el peor escenario posible. Por último, la falta de registro sistemático impide demostrar el cumplimiento incluso cuando se ha actuado correctamente.

Por qué la auditoría externa aporta una prueba que la autoevaluación no ofrece

Ante este escenario, la diferencia entre declarar que se cumple y poder demostrarlo es decisiva. La norma técnica ISO 30415:2021, referencia internacional para la gestión de la diversidad e inclusión en recursos humanos, establece un marco para estructurar políticas, procesos y evidencias en este ámbito. Su utilidad para el riesgo legal reside en que obliga a sistematizar lo que, de otro modo, queda disperso en expedientes individuales.

En este contexto, la certificación NeuroPower se basa en una auditoría externa, no en una autoevaluación, y valida el nivel de madurez de una empresa en la integración de personas neurodivergentes. La certificación no sustituye el cumplimiento legal, pero sí aporta una evidencia verificable de que la organización tiene procesos, criterios y registros para gestionar la neurodiversidad, algo que clientes, socios y candidatos cada vez piden con más frecuencia.

Preguntas frecuentes

¿La Ley 2/2025 se aplica también a despidos anteriores a su entrada en vigor?

La cuestión depende del caso concreto y de la fecha de los hechos, pero el criterio del TJUE en la sentencia C-631/22 ya fijaba la obligación de valorar ajustes razonables antes de extinguir el contrato por incapacidad permanente. Esto significa que los tribunales pueden examinar despidos previos aplicando ese estándar de fondo, por lo que la falta de norma nacional expresa no garantiza una defensa sólida.

¿Qué debe documentar la empresa para demostrar que valoró los ajustes?

Como mínimo, conviene registrar la descripción de las funciones esenciales del puesto, la limitación funcional identificada, las alternativas de ajuste consideradas con su coste aproximado y viabilidad, las reubicaciones estudiadas y los motivos de su descarte, así como la decisión final y su fundamentación. Un expediente con esta trazabilidad permite defender la actuación de forma verificable.

¿Un ajuste razonable siempre implica una inversión económica importante?

No necesariamente. Muchos ajustes consisten en cambios de organización, de horario, de comunicación o de entorno que tienen un coste bajo o nulo. La obligación se mide por lo razonable de la medida en relación con los recursos de la empresa, no por la intención de evitar cualquier gasto, por lo que el análisis debe hacerse caso por caso y quedar documentado.

Conclusión

El coste de no actuar ante la neurodiversidad ya no se limita al reputacional. La Ley 2/2025, el precedente de la sentencia C-631/22 del TJUE y el deber de valorar ajustes razonables o reubicación configuran un escenario en el que la omisión puede traducirse en despidos nulos y en una exposición legal directa. Anticiparse con procedimientos documentados, criterios claros y un registro verificable es la forma más eficaz de reducir ese riesgo.

Si tu organización quiere demostrar con evidencias que gestiona la neurodiversidad con rigor, te invitamos a conocer la certificación NeuroPower, un sello que se obtiene mediante auditoría externa y que convierte la madurez en neuroinclusión en una prueba objetiva ante clientes, socios y candidatos.