Los 3 pasos que la Ley 2/2025 obliga a seguir antes de despedir por incapacidad permanente: guía práctica para RRHH
Desde el 1 de mayo de 2025, el proceso 3 pasos ajustes razonables antes despido es una obligación legal en España: ninguna empresa puede extinguir el contrato de un trabajador por incapacidad permanente sin haber valorado antes los ajustes razonables o la reubicación del puesto. La Ley 2/2025 modifica el artículo 48.2 y el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, y convierte esa valoración en un trámite previo y documentado. Este artículo desglosa el procedimiento paso a paso, con el objetivo de que RRHH pueda aplicarlo sin ambigüedades.
Por qué la Ley 2/2025 cambia el punto de partida del despido
Hasta ahora, la extinción por incapacidad permanente se tramitaba como una consecuencia casi automática de la resolución del INSS. La Ley 2/2025 altera esa lógica: la incapacidad deja de ser, por sí sola, causa suficiente para extinguir. El empresario debe demostrar que ha analizado si existen ajustes razonables que permitan al trabajador seguir desempeñando su función, o si cabe una reubicación en otro puesto compatible. Esta obligación tiene un antecedente directo en la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024, asunto C-631/22 (Ca Na Negreta SA), que consideró discriminatoria la extinción automática sin valoración previa de ajustes. El legislador español ha incorporado esa doctrina al derecho interno, por lo que el incumplimiento no es un simple defecto formal: puede llevar a la declaración de nulidad del despido por discriminación.
Para RRHH, el primer cambio de mentalidad es este: la extinción deja de ser el resultado natural de una incapacidad y pasa a ser el último recurso de un proceso que debe quedar documentado. Cualquier despido que se ejecute sin ese recorrido queda expuesto a impugnación, con las consecuencias económicas y reputacionales que ello conlleva.
Paso 1: evaluación individualizada del puesto y de la persona
El primer paso consiste en una evaluación individualizada que cruce dos variables: las limitaciones funcionales que resultan de la resolución de incapacidad y las exigencias reales del puesto de trabajo. No basta con leer el dictamen del INSS; es necesario descomponer las tareas del puesto (tiempos de respuesta, desplazamientos, manipulación de cargas, trabajo en turnos, exigencias de atención al público) y compararlas con las capacidades restantes del trabajador. Este análisis debe realizarse con la participación del propio empleado, que es quien mejor conoce sus limitaciones y sus posibilidades de adaptación.
En la práctica, RRHH debería elaborar una ficha de evaluación que recoja, como mínimo: la descripción del puesto desglosada por tareas, las limitaciones declaradas, la identificación de las tareas esenciales frente a las accesorias, y una conclusión motivada sobre si el puesto puede seguir desempeñándose con o sin adaptaciones. Esta ficha es la primera pieza del expediente y, en caso de litigio, será lo primero que se revise.
Paso 2: oferta documentada de ajuste razonable o reubicación
Si la evaluación identifica medidas que permitan continuar en el puesto, o un puesto alternativo compatible, la empresa debe ofrecerlas de forma explícita y documentada. Los ajustes razonables pueden ser de naturaleza muy diversa: modificación de horarios, reorganización de tareas, adaptación del espacio físico, incorporación de tecnología de apoyo, reducción de jornada o cambio de funciones dentro de la misma categoría profesional. La clave es que el ajuste sea razonable, es decir, que no imponga una carga desproporcionada a la empresa, y que se justifique esa valoración por escrito.
La reubicación merece un tratamiento específico. Antes de considerar la extinción, la empresa debe comprobar si existe un puesto vacante o previsible, compatible con las capacidades del trabajador, en cualquier centro de la organización que resulte razonablemente accesible. La oferta debe formalizarse por escrito, indicando condiciones, funciones y plazo de respuesta, y debe conservarse el justificante de la comunicación. Si el trabajador rechaza una propuesta razonable, ese rechazo también debe documentarse, porque será determinante en la valoración posterior.
Paso 3: extinción solo cuando no exista alternativa viable
La extinción del contrato solo puede plantearse cuando el análisis de los pasos anteriores concluya que no existe ajuste razonable viable ni puesto compatible disponible, o cuando el trabajador haya rechazado de forma justificada las alternativas ofrecidas. En ese caso, la decisión debe estar motivada con referencia expresa a la evaluación realizada, a las medidas consideradas y a los motivos por los que han sido descartadas. Una resolución genérica, que se limite a invocar la incapacidad permanente, no cumple con el estándar legal.
Este paso también exige coherencia temporal: la extinción debe ser posterior a la oferta y a la respuesta del trabajador, y el expediente debe permitir reconstruir la secuencia completa. RRHH debería tratar el expediente como si tuviera que defenderse ante un juez en el futuro, porque en la práctica así será cuando el despido sea impugnado.
Errores habituales que invalidan el procedimiento
Entre los fallos más frecuentes figuran la evaluación no individualizada (aplicar un modelo genérico sin analizar el caso concreto), la falta de participación del trabajador en el análisis, las ofertas verbales o imprecisas que no pueden acreditarse, y la motivación insuficiente de la extinción. Otro error recurrente es confundir la existencia de un ajuste con su mera mención: no basta con decir que se estudió la posibilidad de adaptar el puesto; es necesario documentar qué se estudió, qué resultado arrojó y por qué se descartó.
También conviene evitar la tentación de acelerar el proceso. Los plazos de respuesta del trabajador deben ser razonables y se deben respetar, porque una oferta con plazo irrisorio puede interpretarse como un trámite simulado. Un procedimiento lento pero bien documentado protege a la empresa mucho más que uno rápido y frágil.
Cómo preparar a RRHH para aplicar el proceso
La aplicación práctica de estos tres pasos exige algo más que conocer la norma: requiere protocolos internos, formación de los responsables de recursos humanos y prevención, y una coordinación real con el servicio de prevención de riesgos laborales. La norma ISO 30415:2021, de gestión de la diversidad e inclusión en recursos humanos, ofrece un marco de referencia útil para estructurar estos procesos y dejar trazabilidad de las decisiones. Disponer de un procedimiento escrito, con responsables identificados y plantillas de expediente, reduce la discrecionalidad y convierte el cumplimiento en una práctica sistemática y no en una respuesta improvisada a cada caso.
La extinción por incapacidad permanente ya no es el punto de partida del proceso, sino el último paso de un expediente que debe demostrar que se intentó todo lo demás.
Preguntas frecuentes
¿La obligación de valorar ajustes razonables se aplica a todas las empresas?
Sí. La obligación se deriva de la modificación del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y afecta a cualquier empresario, independientemente de su tamaño o sector. Lo que varía es la complejidad del análisis: en una pyme, la valoración de un ajuste puede ser más sencilla, pero el deber de documentarla es el mismo.
¿Qué ocurre si la empresa despide sin haber seguido los tres pasos?
El despido puede ser declarado nulo por discriminación por motivo de discapacidad, lo que implica la readmisión del trabajador y el abono de los salarios de tramitación. Además, la falta de evaluación previa se considera un defecto sustancial del procedimiento, y las consecuencias pueden extenderse a la indemnización y al riesgo reputacional ante clientes y candidatos.
¿Puede el trabajador rechazar la oferta de ajuste sin perder su derecho a la protección?
Un rechazo razonable y motivado puede ser valorado favorablemente por el trabajador en un eventual litigio, siempre que la propuesta no fuera adecuada a sus limitaciones. Por eso es fundamental que la empresa documente la oferta con detalle y que explique por escrito por qué considera que es compatible con la situación del empleado.
Conclusión
La Ley 2/2025 ha convertido la valoración de ajustes razonables en un requisito previo e ineludible para extinguir un contrato por incapacidad permanente. Seguir los tres pasos de forma ordenada (evaluación individualizada, oferta documentada y, solo después, extinción motivada) permite a RRHH cumplir la norma, reducir el riesgo de nulidad y tratar al trabajador con la seriedad que exige el marco legal. Para las organizaciones que quieran ir más allá del mínimo legal y demostrar madurez real en la integración de personas neurodivergentes, la certificación NeuroPower ofrece una auditoría externa que valida si sus procesos de neuroinclusión funcionan en la práctica, y no solo sobre el papel.

