Como demostrar ante un tribunal que tu empresa cumplio con la Ley 2/2025 – la documentacion que hace falta

Cómo demostrar ante un tribunal que tu empresa cumplió con la Ley 2/2025: la documentación que hace falta

Desde el 1 de mayo de 2025, la extinción de un contrato por incapacidad permanente ya no puede tramitarse sin antes analizar si existen ajustes razonables o una reubicación posible del puesto. Ese cambio, introducido por la Ley 2/2025, convierte un trámite administrativo en una obligación probatoria: no basta con haber pensado en los ajustes, hay que poder demostrarlo. Este artículo explica qué documentación sostiene ese cumplimiento y por qué un proceso auditable, verificado por un tercero, es la forma más sólida de afrontarlo.

El origen europeo de la obligación: de la sentencia C-631/22 a la reforma española

La obligación tiene un antecedente preciso. La sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024, asunto C-631/22 (Ca Na Negreta SA), estableció que extinguir automáticamente el contrato de un trabajador por incapacidad permanente, sin haber valorado previamente la posibilidad de ajustes razonables, constituye discriminación por motivo de discapacidad. El tribunal no discutió la validez de la incapacidad como causa de extinción; discutió el orden de los pasos y la ausencia de análisis previo.

Esa doctrina es la que la Ley 2/2025 trasladó al ordenamiento español, modificando el artículo 48.2 y el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social. Para la empresa, el mensaje es claro: el análisis de ajustes es un requisito previo y no un gesto voluntario. Si ese análisis no consta por escrito, la extinción queda expuesta a ser declarada discriminatoria, con independencia de que la incapacidad esté perfectamente acreditada.

La consecuencia práctica es que la carga de la prueba se desplaza hacia la organización. Ante un juzgado, no será suficiente afirmar que se estudiaron alternativas; habrá que mostrar qué se estudió, cuándo, con qué criterios y con qué resultado.

Qué debe contener un expediente de ajustes razonables

Un expediente defendible tiene una estructura reconocible. Como mínimo, debe incluir la descripción del puesto con sus funciones esenciales y sus exigencias físicas y cognitivas, el informe médico o de valoración de la incapacidad disponible, la lista de posibles ajustes examinados (horarios, herramientas, organización de tareas, supervisión, entorno), la justificación de cada ajuste descartado y la comunicación formal mantenida con el trabajador. La fecha de cada paso es tan relevante como su contenido, porque demuestra que el análisis precedió a la decisión y no al revés.

Un error habitual es documentar solo la decisión final. Un acta que dice «se valoró la reubicación y no fue viable» pesa poco si no explica qué puestos se revisaron, qué requisitos no cumplía el trabajador ni qué ajuste concreto se consideró y por qué resultaba desproporcionado. La proporcionalidad es el criterio que el juzgador va a examinar, y solo puede valorarlo si el expediente muestra el razonamiento completo.

Reubicación del puesto frente a ajuste en el puesto: distinciones que importan

La norma contempla dos vías que conviene no confundir. El ajuste razonable modifica las condiciones en que el trabajador desempeña su puesto actual: adaptación del equipo, reorganización de turnos, apoyo técnico o cambios en la forma de supervisión. La reubicación traslada al trabajador a otro puesto compatible con su situación, dentro de la empresa o de su grupo cuando corresponda.

El expediente debe reflejar que ambas vías se evaluaron en orden lógico. Empezar por la reubicación sin examinar primero el ajuste en el puesto de origen es una señal de análisis incompleto. Del mismo modo, descartar un ajuste por coste exige cuantificar ese coste frente a los recursos de la empresa, algo que muchos expedientes omiten y que el tribunal sí puede reclamar.

Escenarios reales en los que el expediente se pone a prueba

Los conflictos suelen surgir en tres escenarios. El primero es la incapacidad sobrevenida tras una baja prolongada, donde la empresa tiene semanas o meses para documentar el análisis y a menudo lo deja para el último momento. El segundo es la reincorporación con limitaciones, en la que el trabajador regresa con restricciones y la empresa aplica un cambio de funciones sin registrar el motivo. El tercero es la extinción por causas organizativas que coincide temporalmente con una incapacidad, donde la defensa de la empresa depende de demostrar que la decisión no estuvo motivada por la discapacidad.

En los tres casos, el elemento diferencial es la trazabilidad: un registro cronológico que vincule cada decisión con su análisis previo. Las organizaciones que mantienen este registro de forma sistemática llegan a los procedimientos con la prueba ya construida; las que no, reconstruyen el proceso a posteriori, con los riesgos que eso conlleva.

Objeciones habituales y riesgos que conviene anticipar

Una objeción frecuente es que el coste de los ajustes puede ser elevado para pequeñas empresas. La propia lógica de la norma incorpora la proporcionalidad: no se exige lo imposible ni lo desmedido, pero sí exige justificarlo. Documentar el cálculo, aunque el resultado sea negativo, protege más que no haber calculado nada.

Otra objeción es que la evaluación interna puede estar sesgada. Es un riesgo real: quien decide la extinción y quien valora los ajustes suelen pertenecer a la misma organización, y el tribunal puede cuestionar la independencia del análisis. Por eso la verificación externa tiene un valor añadido: no sustituye al expediente jurídico, pero aporta una evidencia de que el proceso de gestión de la neuroinclusión fue revisado por un tercero con criterios definidos.

Conviene también no confundir el análisis de ajustes con un trámite de formulario. La jurisprudencia europea y la ley española exigen un examen sustantivo. Un documento genérico, sin referencias al caso concreto, tiene poco recorrido ante un juzgado.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si la empresa no tiene documentado el análisis de ajustes?

La extinción puede ser declarada discriminatoria, con las consecuencias que ello conlleva en indemnización y nulidad. Como la carga probatoria recae en la organización, la ausencia de registro se interpreta en su contra. La recomendación es reconstruir la trazabilidad disponible cuanto antes y, para casos futuros, establecer un protocolo que se active al inicio de cualquier proceso de incapacidad.

¿Basta con documentar los ajustes que finalmente se aplicaron?

No. El tribunal examina también los ajustes descartados y los motivos de ese descarte. Un expediente que solo recoge la solución adoptada no demuestra que se realizó un análisis, sino que se llegó a una conclusión. La justificación de las alternativas rechazadas es parte esencial de la prueba.

¿Cómo ayuda una certificación externa en un procedimiento judicial?

Una certificación de neuroinclusion basada en auditoría externa no acredita por sí misma el cumplimiento de la Ley 2/2025 en un caso concreto, pero sí aporta evidencia de que la organización tiene procesos de gestión de la diversidad evaluados por un tercero con criterios definidos. Eso refuerza la credibilidad del expediente interno y demuestra un compromiso sistemático, algo que el juzgador puede valorar al examinar la buena fe de la empresa.

Conclusión

La Ley 2/2025 no pide solo que las empresas actúen con sensibilidad hacia la discapacidad; pide que puedan demostrar, paso a paso, que el análisis de ajustes razonables se hizo antes de extinguir un contrato. La clave está en construir un expediente completo, cronológico y proporcionado, y en sostenerlo con procesos que resistan el escrutinio de un tercero. Si tu organización quiere llegar a esa prueba con garantías, conviene conocer la certificación NeuroPower: un sello que no sustituye al expediente jurídico, pero que aporta la verificación externa que convierte la intención en evidencia.